Un posible acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto una cuestión más profunda en el seno de Irán: ¿quién tiene la autoridad para tomar decisiones durante una crisis que ha desplazado el poder de las instituciones políticas formales hacia el aparato de seguridad?
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el martes que un acuerdo para reabrir el estrecho podría concretarse en uno o dos días. Teherán, por su parte, ha negado haber mantenido conversaciones con Estados Unidos. Irán insiste en que no está negociando con Estados Unidos, sino con Omán, sobre una ruta segura temporal a través del estrecho. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó el miércoles que la ruta en discusión no influiría en la reapertura del estrecho.
Ambas versiones podrían ser ciertas. Lo que Washington describe como una negociación con Irán, Teherán lo describe como un acuerdo técnico con un país vecino. Esta distinción resulta políticamente útil en el ámbito interno, pero tiene consecuencias en el exterior, ya que le da a Washington la oportunidad de acusar a los funcionarios iraníes de solicitar conversaciones para luego retractarse. La pregunta, entonces, es qué obtiene Teherán a cambio.
Para Teherán, el valor reside en la categoría misma. Un acuerdo marítimo con Omán es una decisión distinta a una negociación con Estados Unidos, y en Irán esta distinción importa porque determina qué instituciones tienen derecho a participar.
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