TEHERÁN — Tras el reciente conflicto con Estados Unidos e Israel, el gobierno iraní se ha esforzado por gestionar la economía bajo una lógica de tiempos de guerra, tratando la inflación como una amenaza a la seguridad y considerando los mercados como campos de batalla.

Con una inflación interanual de alimentos básicos como el arroz, los aceites comestibles y el azúcar que alcanza cifras de tres dígitos —según las estadísticas oficiales—, las autoridades han emprendido una amplia campaña contra lo que describen como acaparamiento, sobreprecios y sabotaje económico. Las inspecciones policiales, los procesos judiciales y las incautaciones vinculadas a la inteligencia se han convertido en prácticas habituales de la gestión del mercado, con decenas de miles de infracciones y millones de dólares en multas reportadas en las últimas dos semanas.

Detrás de esta campaña de represión se esconde una economía sometida a una presión externa constante, donde el bloqueo marítimo estadounidense, la interrupción de los flujos comerciales y la volatilidad monetaria se transmiten cada vez más a la inestabilidad interna.

El Estado ya no se limita a intentar regular los precios; busca contener el colapso económico mediante herramientas de gobernanza coercitivas.