TEL AVIV — La renovada guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, los preparativos para un posible ataque a las instalaciones nucleares de Irán y las tensiones resurgidas con Hezbolá en el Líbano palidecen en comparación con la inminente crisis judicial que enfrenta Israel.
Israel no tiene constitución, sino un conjunto de leyes básicas. Sin embargo, expertos judiciales advierten que podría enfrentarse a una crisis constitucional, concretamente a una negativa consciente y pública del gobierno a implementar una decisión judicial, lo que expresa una renuncia a los principios del estado de derecho y la separación de poderes.
El gobierno no sólo ha reanudado la reforma judicial para debilitar los tribunales del país, que fue suspendida por la invasión de Hamás del 7 de octubre de 2023, sino que también ha tomado medidas para despedir a los guardianes designados por ley de las instituciones democráticas de Israel: el director del Shin Bet, Ronen Bar, y el fiscal general Gali Baharav-Miara.
La agencia de seguridad de Bar, encargada por ley de defender el gobierno democrático de Israel, está investigando sospechas contra asesores del Primer Ministro Benjamin Netanyahu relacionados con tráfico de influencias por parte de Qatar, mientras que Baharav-Miara encabeza la fiscalía estatal que juzga a Netanyahu por cargos de corrupción.
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